Política Criminal

¿Qué es una Política Criminal Integral?

¿Cómo se elaboran una Política Criminal y un Plan Director de Política Criminal?

 

 

Por Julio Enrique Aparicio
 

Una realidad incontrastable de la sociedad occidental contemporánea es el incremento de la violencia y del delito. Esto acontece tanto en América como en Europa; en el hemisferio norte como en el sur; en países industrializados y en países en vías de desarrollo.

Prueba de ello es que Estados Unidos de América, con el mayor P.B.I mundial, es también quien encabeza el ranking de personas privadas de libertad (más de 730 por cada 100.000 habitantes), frente a una media de aproximadamente de 100 a 150 presos cada 100.000 habitantes en los países europeos.

 
Pero más allá de ello, en España el crecimiento del encarcelamiento fue en 15 años del 190%, en Holanda del 240%, etcétera.
 
Como vemos y como se podría demostrar fácilmente extendiéndonos en cifras estadísticas oficiales e irreprochables, algo está pasando en el seno de las sociedades occidentales y su derivación la conocemos todos: violencia en todas sus formas, delito más numeroso y más grave, limitaciones a la libertad de los ciudadanos comunes que deben restringir sus actividades por temor; sentimiento generalizado de inseguridad y enormes costos para los estados en sistemas penitenciarios poco eficientes, en tribunales lentos y burocratizados y en organizaciones policiales frecuentemente cercanas a la corrupción.

Para graficar lo monumental del gasto en prisiones, valga señalar que los Estados Unidos de América invierten por día en su sistema penitenciario algo más de 93 millones de dólares (reitero, por día, es decir a razón de U$S 65.000 por minuto).
Los estudios con que se cuenta indican que la reincidencia es el orden del 66%...
En consecuencia, todo un despilfarro y un creciente riesgo para la sociedad. Sólo que muy pocos países pueden darse el lujo de dilapidar de esa forma verdaderas fortunas por minuto y por día.

Por ende, hay que buscar una solución más económica, más eficiente, más humana y por sobre todo, más preventiva. Nada ganamos encarcelando al hombre que mató a nuestro padre, a quien la sanción no va a resucitar.

Además, con los costos de la mera represión los estados están reduciendo sus presupuestos en educación, en salud, en vivienda. Consecuentemente aumenta la pobreza y la marginalidad, la ineducación, la enfermedad y las adicciones y este círculo vicioso realimenta la violencia y el delito. Es la espiral diabólica de los años 2000.

¿Qué hacer frente a este cuadro cuasi aterrador: los honestos encerrados en sus casas, ya sean pobre y ricos y las ciudades en manos del crimen organizado ?. Hay una sola solución: poner en marcha una Política Criminal Integral.

¿Qué es una Política Criminal Integral?

Una Política Criminal Integral es un conjunto muy amplio, complejo y diversificado de medidas y acciones desarrolladas bajo el impulso del estado pero con amplia participación comunitaria, tendiente a reducir, limitar y atenuar el delito en general, la violencia como base y todo ello promoviendo el ascenso social de la población y el desarrollo económico social del país.

¿Cómo se elabora una Política Criminal?

Primero hay que efectuar un diagnóstico por áreas de problemáticas y de instituciones y organizaciones sociales, no limitadas sólo al delito, aunque las cifras de éste son fundamentales.

El diagnóstico nos permitirá comparar la situación existente con una situación normal, que en este caso sería la ideal). De allí surgirán los pasos a seguir en la planificación y posterior ejecución de un plan, por ejemplo, un Plan Director de Política Criminal.

La Política Criminal Integral procurará que el delincuente no pueda delinquir (Prevención Situacional), pero fundamentalmente procurará que el niño o joven, especialmente el marginal, no se convierta en delincuente; que otros no se hagan adictos a las drogas; que se reduzca la circulación ilegítima de armas de fuego, que se refuercen los sistemas educativos y recreativos para la niñez y la juventud; que se brinde apoyo a la familia de bajos recursos; que se organicen los barrios y las comunidades participativamente y que en cada zona creen esquicios de prevención en coordinación con la policía; que se involucren todos en recuperar el espacio urbano muchas veces “desertizado” por haber sido abandonado por los vecinos y copado por los delincuentes.

Deben también ser objeto de análisis las instituciones vinculadas a la minoridad, frecuente “semillero” del delito adulto. Reestructurados integralmente los servicios penitenciarios (legislación, reglamentación, infraestructura, capacitación y selección del personal, metodología de tratamiento, etc.) y creados los postpenitenciarios para asegurar una adecuada reinserción social. Puestas en marcha medidas y sanciones penales no privativas de libertad para delitos menores pero con un tratamiento educativo y correctivo, modernizada la justicia, frecuentemente morosa e ineficiente, etc.

La elaboración de un Plan Director de la Política Criminal debe buscar, además, el consenso con todos los sectores políticos y sociales, comprometiéndolos en los mismos objetivos, para así conformar una política de Estado y no en una política del gobierno de turno.

El Plan debe contar con un presupuesto e identificar las fuentes de financiamiento y además contar con un organismo de conducción del más alto nivel (científico y funcional) y con instrumentos de evaluación para analizar los resultados y corregir las desviaciones.

A modo de cierre valga señalar que en un estudio promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo se estableció, luego de estudiar seis países de Sud y Centroamérica, que la violencia y el delito llegaban a consumir hasta el 25% del Producto Bruto Interno.

Dr. Julio Enrique Aparicio
 

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