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Hablando de competitividad:
Las prácticas de las policías adicionales o complementarias dañan a la industria de la seguridad privada
Por Fermín Crisóstomo (*)

A propósito de la propuesta de reforma, para combatir monopolios, oligopolios y prácticas anticompetitivas, que envió el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, Salomón Presburger Slovik, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), comentó: “ya que pase esta, tendremos que entrar a evaluar las prácticas monopólicas del Estado, y ver cuáles prácticas que están reservadas al Estado deben de seguir o cuáles nos están restando competitividad también”. (El Universal, Martes 06 de abril de 2010).

Nadie como la industria de seguridad privada comprende esa afirmación, por el daño que le ocasionan las, al menos irregulares, prácticas de negocios de las policías complementarias.

Viene a colación comentar la nota publicada en El Universal, el Jueves 08 de abril de 2010, donde se hace referencia a algunas afirmaciones del titular del Órgano Superior de Fiscalización del estado de México, Fernando Valente Baz, quién afirma que el CUSAEM (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del estado de México), legalmente, no es una empresa pública, sino una empresa privada.

Al respecto, el diputado Carlos Madrazo Limón manifestó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del oficio SSP/SEIP/0098/2010, informó que el CUSAEM no está dada de alta como un ente privado, por ser considerada parte de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), adscrita a la Secretaría General de Gobierno estatal.

El auditor, Valente Baz, asegura que los empleados del CUSAEM trabajan como personas adscritas a una empresa privada, pues no aparecen en registros del ISSEMyM, ni en la nómina del gobierno del Estado.

Por su parte, el diputado Madrazo Limón aseguró que tampoco hay registro del CUSAEM en la Secretaria de Hacienda ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que las armas y uniformes que usan los policías del CUSAEM, son proporcionados por el gobierno estatal.

Mientras el Auditor dice no tener facultades sobre una empresa privada, el diputado exige que rinda cuentas por considerarla pública; en tanto se ponen de acuerdo, la industria de la seguridad privada resiente los efectos de esas perversiones. ¿Cómo competir con organizaciones que utilizan, gratuitamente, armamento y equipo del Estado, que no tienen que responder por sus ingresos ante Hacienda, ni tienen que hacer aportaciones de seguridad social?

Indudablemente, la propuesta del presidente Calderón contribuirá a mejorar la competitividad del país; no obstante, dicha mejora pasa por las prácticas comerciales de organizaciones públicas y cuasipúblicas.

 

(*) Fermín Crisóstomo dirige la Seguriteca de México, www.seguriteca.com.mx . ¡Gracias!
 

Material publicado en http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8119.htm