Un material para la polémica: ¿Usted está de acuerdo con el autor?

Por William Godnick

Hoy en día se usa el concepto de la ‘globalización’ para explicar los nuevos fenómenos y tendencias en el mundo que muchas veces generan consecuencias negativas.
Un factor común en muchas de estas tendencias es el predominio del sector privado por encima del poder público de los buenos y malos gobiernos nacionales y locales.

Una de las funciones principales de los gobiernos es la provisión de seguridad al Estado, sus fronteras, comunidades y ciudadanos, pero en el contexto de la globalización muchas de estas funciones han sido subcontratadas a la empresa privada, o peor cedidas completamente a ellas por falta de capacidad y/o interés.

Actualmente el sector privado tiene un papel muy importante no solamente en brindar servicios de camiones blindados y policías privadas en los bancos y comercios sino también en servicios militares (como en Irak y Afganistán donde se encuentran ‘mercenarios’ de casi todos los países del hemisferio), de inteligencia y de investigación criminal.

Sin embargo, en el contexto latinoamericano la preocupación principal son los cientos de miles de agentes de seguridad altamente armados que en algunos países (los centroamericanos, por ejemplo) sobrepasan el número de efectivos de la policía.

Desde mi punto de vista hay tres problemas serios con el aumento de la privatización de la seguridad.

Primero, por muy disfuncional que sean muchos de nuestros gobiernos elegidos democráticamente, existen mecanismos para responsabilizar a las instituciones públicas de seguridad por su mala conducta, en última instancia a través de las elecciones de los líderes políticos en espera de cambios en la política pública.

Segundo, los dueños de la mayoría de las empresas privadas de seguridad son ex-militares y/o ex-policías de alto rango, en algunos casos hasta activos. En la práctica los representantes de las instituciones estatales a cargo de fiscalizar las empresas de seguridad no pueden hacer una labor efectiva porque no pueden romper jerarquías y códigos de silencio que permanecen más allá del servicio activo.
Además, la inseguridad persistente es lo que crea la demanda por servicios de seguridad. Entonces, se piensa que muchos actores en este ámbito buscan crear mayor inseguridad para garantizar un mercado infinito. Y, ¿quién mejor para debilitar la imagen de las instituciones de seguridad pública que algunas personas con fuertes contactos por dentro?

Tercero, y el enfoque principal del resto de esta nota de opinión, hay poco control y transparencia sobre los cientos de miles de armas de fuego de diverso calibres en manos de estas empresas y sus agentes.

Las empresas de seguridad privada alimentan la demanda legal para armas de fuego por su ‘legítima’ necesidad de armar sus efectivos. Pero también esta actividad también alimenta la proliferación ilegal y el mal uso de estas armas.
En Ecuador, por ejemplo, es de conocimiento amplio que agentes de las empresas de seguridad privada venden sus armas de fuego importadas de Europa y Estados Unidos, en algunos casos armas caras que cuestan más de mil dólares, por armas artesanales hechas en el país por un valor de cien dólares.
En El Salvador cerca del 25 por ciento de todas las infracciones a la ley de armas son cometidas por agentes de seguridad privada en horas fuera del trabajo.

Sencillamente, hay dos problemas importantes con el manejo de las armas de fuego de las empresas de seguridad. Primero, la normativas no son adecuadas para la cantidad de armas que manejan estas empresas. Segundo, aún cuando la normativa es relativamente buena es casi imposible aplicarla.

Con estas situaciones en mente propongo que los gobiernos responsables reformen sus leyes y políticas públicas incluyendo las siguientes consideraciones:

• Debe haber una co-responsabilidad legal entre los dueños de estas empresas, sus gerentes y sus agentes respecto al mal manejo y abuso de las armas de fuego en su posesión;

• Aunque tal vez no sea factible requerir que todos los agentes de seguridad privada reciban un entrenamiento igual al de las fuerzas policiales su formación debe reflejar los ‘Principios Básicos del Empleo de la Fuerza y Uso de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley’ de las Naciones Unidas;

• Los agentes de seguridad no deben llevar a sus domicilios las armas de fuego que usan durante horas laborales;

• Debe ser un delito no reportar bajas en los inventarios de armas y municiones en posesión de estas empresas;

• Las regulaciones de manejo y gestión de los arsenales de las empresas de seguridad deben ser iguales a las de la fuerza pública y la institución fiscalizadora del Estado debe tener acceso constante a la información sobre dichos arsenales; y

• Cuando una empresa de seguridad privada se cierra por razones comerciales y/o judiciales deben depositar todas las armas y municiones en su poder con las autoridades para garantizar el no desvío al mercado ilícito hasta encontrar un destino final aceptable.

Hay muchas personas como yo que creen que el Estado debe tener un casi monopolio sobre el uso de la fuerza y los instrumentos de la violencia con muy pocas excepciones. Pero seamos realistas, la seguridad ya se privatizó en gran parte sin que nos diéramos cuenta.

Las empresas de seguridad privada se encuentran en diversas formas, como las grandes empresas multinacionales como Wackenhut de Estados Unidos (el McDonalds de la seguridad privada) y Prosegur de España o como las personas que venden sus servicios como porteros o serenos armados en los barrios de clase media de América Latina.

En este caso ya no somos electorado sino clientes directos e indirectos de dichas empresas.

Exijamos a ellos y a los gobiernos (donde sí somos electorado) que solamente las empresas transparentes, conscientes y dispuestas a incluir el bien público en su misión empresarial sean autorizadas para desarrollar funciones armadas de prevención y respuesta en nuestras sociedades.